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La ejecución del desalojo de la zona, solicitada por los ejidatarios, tuvo nuevamente una prórroga, ahora de 10 días hábiles, tras la petición del gobierno de Gilberto Antonio Hirata Chico.

Sin embargo, de acuerdo a Darvy Batallar Gómez vocero de los comerciantes del lugar, dicha petición fue en realidad una solicitud de un particular, y de los 15 locatarios previstos para firmar el documento que utilizó el Ayuntamiento para hacerlo llegar al Juez, solo 6 lo hicieron.

Este documento fue elaborado y presentado ante la autoridad municipal, por la licenciada Eva Covarrubias Vázquez, representante legal de uno de los afectados en la zona turística, la señora María Romana Vázquez.