Con seis votos en contra (PAN, PRD, PEBC y MC) y dos abstenciones (del PRI) de los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado se declaró improcedente el dictamen que contiene la iniciativa que pretendía reformar los artículos 60, 64 y 65 de la Constitución Política de Baja California.
Reforma que proponía ampliar el periodo en el cargo a Consejeros de la Judicatura.
Estas fueron algunas de las reacciones:
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, magistrada María Esther Rentería Tribunal Superior de Justicia se manifestó en contra de hacer reformas al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
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El diputado local del PAN Cuauhtémoc Cardona dijo que debe revisarse el futuro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Roberto Dávalos del PRD en primer plano. Fotografía: Cortesía
Por su parte, el diputado del PRD Roberto Dávalos, manifestó vía boletín que por anticonstitucional no pasó Reforma que proponía ampliar el periodo en el cargo a Consejeros de la Judicatura.
Dávalos Flores, explicó que el argumento de la reforma era que los actuales miembros de la Judicatura, “se establecen por un término de cuatro años, lo que limitaba el tiempo de prestación de un servicio importante para la comunidad, requiriendo aumentarlos dos años más, quedando en seis años, y con derecho a ser ratificados, por un periodo adicional, es decir hasta 18 años.”.
Según Dávalos su voto fue en contra porque la constitución prohíbe al órgano legislativo, expedir leyes retroactivas
El perredista dijo que alargar por un periodo mayor a 4 años como está establecido en la actual ley del Estado de Baja California, “viola el principio de irretroactividad”, la cual limita al poder legislativo a no expedir leyes que en sí mismas resulten retroactivas.
El legislador, adelantó que el paso siguiente será emitir una convocatoria donde se darán a conocer los términos para la elección a los nuevos consejeros de la judicatura del Poder Judicial para reemplazar a quienes se les termina su periodo de 4 años a finales del mes de Noviembre de este 2014.
Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación. Fotografía: Cortesía
Comunicado del Congreso del Estado
Mexicali, B. C.- (Boletín) “Por improcedencia anticonstitucional” tuvo 6 votos en contra por parte de los diputados: Felipe Mayoral Mayoral, PEBC, Roberto Dávalos Flores, PRD, Rosalba López Regalado, PAN, Gustavo Sánchez, PAN, Cardona Benavidez, PAN y dos abstenciones de los diputados del PRI, René Adrián Mendivil Acosta y Nereyda Fuentes; quienes forman parte de las omisiones Unidas de Justicia y Gobernación estuvieron presentes los diputados
En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, que presiden los diputados Juan Manuel Molina García y Roberto Dávalos Flores, respectivamente, fue declarado improcedente por unanimidad el dictamen que contiene la iniciativa que pretendía reformar los artículos 60, 64 y 65 de la Constitución Política de Baja California.
Esta iniciativa de reforma, cuyo inicialista es el diputado Fausto Gallardo García, tenía la intención de establecer nuevos mecanismos de elegibilidad y permanencia en el cargo de consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como establecer una disposición transitoria que permitiera a los actuales consejeros permanecer dos años más en el cargo y darles el derecho de ratificación.
En ese sentido, la intención de dicha modificación constitucional permitiría eliminar la restricción que actualmente prevalece en la fracción VIII del artículo 60 de la Carta Magna local, respecto a que para ser magistrado del Poder Judicial se requiere no haber sido titular de una dependencia pública federal, estatal o municipal durante el año previo a la fecha en la que deba ser nombrado.
Asimismo, planteaba que los consejeros del Consejo de la Judicatura designados por el Poder Ejecutivo y Legislativo, tengan un periodo de tiempo en su cargo de seis años, con posibilidad de reelección hasta por un periodo adicional; además, establecer exámenes de mérito y conocimientos a los aspirantes del mencionado Consejo.
Durante la sesión de las Comisiones Unidas se contó con la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María Esther Rentería Ibarra, así como de magistrados y representantes de los colegios de abogados de Mexicali y Tijuana, quienes expusieron su negativa con bases jurídicas a la referida pretensión legislativa al momento de permitírseles el uso de la voz.
