México, la percepción de corrupción y transparencia

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Si pudiera calificarse en la escala del 1 al 10 a México, tras la publicación (Corruption Perceptions Index) de la coalición mundial contra la corrupción Transparency International, respecto a la percepción en los niveles de corrupción a nivel mundial, nuestro país estaría reprobado con un 5.8 de calificación, al ubicarse en el lugar 103 de 175 países evaluados por este organismo.

A la par del documento, Transparency International refiere que las consecuencias de la corrupción en el sector público se reflejan en escuelas pobremente equipadas, en procesos electorales que se definen por el dinero, en la distribución de medicamentos falsos, en la realización de negocios a escondidas, y en sobornos. Algo que merma el desarrollo económico y la justicia de los países. Además, de destruir la confianza de la población en sus gobiernos y en sus líderes. ¿Le suena conocido?.

En Ensenada, tan solo en el último año, la población ha manifestado su desconfianza en situaciones que empatan con lo que señala dicho organismo internacional, en donde las acciones de los funcionarios públicos deja abierta la puerta a la sospecha de actos de corrupción en múltiples niveles.

Para poner algunos ejemplos, de los más recientes, se encuentran las denuncias realizadas por el Síndico Social, Félix Francisco Ojeda Ortega, en torno a las acciones del director de servicios públicos municipales, José de la Luz Valdez López, quien fue suspendido de su cargo por el Presidente Municipal Gilberto Antonio Hirata Chico, solo después de las irregularidades que Ojeda dio a conocer.

Reciclaje clandestino de cientos de toneladas de basura en contubernio con la empresa ECOTERRA, admitido tanto por de la Luz, como por la misma empresa. Decisiones tomadas por de la Luz totalmente fuera de sus facultades, por encima de la máxima autoridad municipal, el Cabildo de Ensenada, que dicho sea de paso han sido violentadas más de una vez en este primer año, y que implican posibles ganancias económicas millonarias para de la Luz y ECOTERRA en el reciclaje de basura, que no solo no fue fiscalizado (¿la Secretaría de Hacienda no ha reaccionado?), sino utilizando recursos públicos, vehículos, gasolina, personal y material pagado por la ciudadanía. Un negocio de ganar ganar tanto para el funcionario, como para ECOTERRA.

A la par de ello, y en otra denuncia del Síndico Social, se dio a conocer días antes del caso del reciclaje clandestino, que la empresa PASA-GEN tenía ya listos 10 camiones recolectores de basura para operar en la ciudad. Mismo número de camiones que el Alcalde Hirata anunciaba, antes y después de sus giras hacia otras entidades del país, estar buscando para comprar y traer a Ensenada.

Los camiones ya con logotipos del XXI Ayuntamiento impresos en los costados, daban el claro mensaje de que serían pronto utilizados por el gobierno de Hirata, aún cuando no existía ningún acuerdo formal, o licitación hecha por su administración. Hirata, el día de la denuncia declararía no saber del tema, y ni siquiera saber si los camiones tenían o no impresos los logotipos, aún cuando las fotografías ya habían sido publicadas en portada tanto en el Periódico El Vigía, como en nuestro portal de noticias. Es decir, en un asunto tan delicado, el Presidente Municipal no había visto, ni se le había informado, de las noticias de ese día.

José de la Luz, fue suspendido sin goce de sueldo pero con goce de prestaciones y la posibilidad de que se le reintegre todo el dinero en caso de que no se le encuentre responsabilidad. También fueron suspendidos en las mismas condiciones, el Subdirector de Servicios Públicos, Francisco Javier Lara Navarro, y el responsable de Limpia, Juan Carlos López Arellanes.

Los 3 empleados están en un proceso de investigación encabezado por la Sindicatura Municipal, dirigida por Iván Alonso Barbosa Ochoa. Una dependencia cuya imparcialidad está constantemente en duda, pues la titularidad se le otorga, por usos y costumbres, a personajes cercanos al poder en turno, en este caso, Barbosa, quien recibió el nombramiento de Síndico Procurador, luego de ser el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ensenada, lo que implica fuertes vínculos y compromisos políticos. Compromisos que se perciben en su lenguaje, al explicar los procesos en los que se ve inmersa la propia Sindicatura Municipal, y que históricamente arroja pobres resultados, o no arroja ninguno, en temas serios y de interés público.

En otras áreas de gobierno en Ensenada, también hay sospechas de actos irregulares por parte de funcionarios públicos. En el ámbito estatal, las diferencias entre la empresa Aguas de Ensenada y la Comisión Estatal del Agua (CEA), en la construcción de la planta desaladora ubicada frente al humedal “La Lagunita”, provocaron una inactividad en la obra, no aceptada por ambas partes, pero evidente a la vista.

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Diferencias que el Gobierno del Estado no detalla, y que tienen que ver con la petición por parte de Aguas de Ensenada, de mayores recursos para obras que no estaban previstas en el contrato. Existe una marcada falta de transparencia en todo este proceso, donde el gobierno esconde las cifras en juego en esta negociación que realizan a puerta cerrada la filial de la empresa española OHL Inima y el Ejecutivo Estatal. Una obra rezagada desde el 2008, con cambios de proyecto, de ubicación y una larga lista de problemas y modificaciones que la CEA intenta justificar sin dar información sólida. Ante una ciudad que enfrenta problemas de abastecimiento de agua que pudieron haber sido resueltos si esta planta hubiese sido construida en los tiempos originales (comenzando la obra en 2008).

El colapso de la autopista escénica Tijuana-Ensenada el 28 de diciembre del 2013, es otro claro ejemplo de poca transparencia que impera en los niveles de gobierno. Semanas antes del deslizamiento del tramo de 300 metros de largo en el kilómetro 93 de la autopista, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se negaba a cerrar el paso a los vehículos, a pesar de las recomendaciones de las áreas de protección civil, quienes dicho sea de paso, teniendo facultades, nunca tomaron control de la situación.

Más de 700 millones de pesos invertidos en reparaciones, en procesos de licitación poco transparentes, y sin fechas claras para la reapertura, enmarcan esta “magna obra” de ingeniería, que tan solo mitigaría 1 de al menos 7 puntos en condiciones de riesgo en ese tramo carretero.

La poca información, de montos invertidos, y de los detalles en el actuar de los funcionarios a los que se les paga con dinero de la población, ha afectado en diversos niveles la economía del municipio de Ensenada. Y sanciones por irresponsabilidades en estos niveles, no se conoce una sola.

El hecho de que el Presidente Municipal de Ensenada presuma que el municipio se encuentra ubicado de acuerdo al ITAIPBC, en el primer lugar a nivel estatal en materia de transparencia, luego de estar en el último sitio durante el gobierno de Pelayo Torres, no es ni remotamente aplaudible.

Ensenada, al igual que el resto de los municipios no cumple con el mínimo requerido de oficio, establecido en la Ley de Transparencia del Estado. El ITAIPBC reconoce su avance pero solo midiéndose con los de a lado, no con todos. Además, la línea de transparencia, en el gobierno anterior, quedó tan abajo, que incluso hasta haciéndolo mal, Ensenada quedaría mejor posicionado.

El cumplir con los niveles mínimos de transparencia es una obligación del gobierno en su conjunto, no es exclusiva de una dirección, en este caso la de transparencia municipal, quien solicita los datos a las diversas dependencias, las que a su vez deben entregarla en tiempo y forma. Sin embargo, la información llega y se publica de manera irregular, con datos limitados, afectando el flujo de información hacia la población, que podría utilizar esos datos como herramientas para la toma de decisiones.

México, con Baja California incluida, no pasó ni de panzazo la percepción ciudadana en materia de corrupción, publicada por Transparency International.

Y el 2014 no ha sido el mejor ejemplo de avances en este ámbito, al menos no en Ensenada, sumida en malas decisiones en transporte público (incremento irregular a las tarifas, y suspensión temporal de aproximadamente el 50% del servicio), en bacheo, alumbrado público (el intento de arrendamiento), abastecimiento de agua (los rezagos y mal servicio de la CESPE), infraestructura carretera (las decisiones de CAPUFE), obra pública (recuerden lo ocurrido con el Bulevar Costero), educación (los problemas con los sindicatos y la falta de clases), y recolección de basura, por mencionar algunas.

Ricardo Meza

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