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Fotografía: Roger H. Goun / cc
Mexicali, B.C.- (Por Jaime Delgado/ @entresijospn) La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión en Baja California, donde están agrupados los concesionarios privados como Televisa, TV Azteca y Uniradio, andan “cabildeando” con algunos legisladores para hacer abortar la propuesta de Ley de Publicidad Institucional.
Los dueños de esas grandes empresas, que se han acostumbrado a establecer relaciones medio extrañas con funcionarios públicos para “negociar” millonarias cantidades etiquetadas como “publicidad”, empezaron a reunirse con algunos legisladores locales para persuadir -como ellos saben hacerlo- a los representantes populares que tiemblan ante cualquier asomo de crítica.
Pero lo más extraño de esta campaña negativa -pero sorda-, esos grupos económicos no se atreven a participar en un debate público sobre la propuesta legislativa que dentro de pocos días sería presentada en la XXI Legislatura.
Pero lo más extraño de todo esto es que un medio de comunicación como La Jornada de Baja California asume una posición similar a esos grandes empresas, censurando el tema, acusando uno de sus directivos a quienes andan promoviendo el nuevo marco jurídico.
¿Por qué La Jornada asume esa posición? La explicación es sencilla: uno de sus directivos de la franquicia vive bajo esos esquemas que quiere combatir la Iniciativa Ciudadana.
La propuesta busca regular la compra de publicidad gubernamental que en la actualidad carece de marco jurídico y se ha prestado para premiar o castigar a medios de comunicación.
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