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Fotografía: Nico Kaiser / cc

[Opinión]

Una denuncia respecto a supuestos abusos y malos ejercicios de recursos públicos al interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC), llegó esta tarde a la redacción de plex.

Por petición directa del denunciante (a quien conocemos e identificamos) de mantener el anonimato, replicaremos sus comentarios en el siguiente texto, dejando en claro que lo que está escrito a continuación es su opinión personal. El denunciante invita a todos los lectores a corroborar ante las instancias gubernamentales, las cifras que proporciona:

Se sirvieron con la cuchara grande, ellos, los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, de 31 millones de pesos que les otorgó el Congreso del Estado para los ejercicios fiscales del 2012, 2013 y 2014, se embolsaron 10 millones y medio en sueldos, aguinaldos, primas vacacionales y viáticos.

Por eso, las declaraciones hechas por Enrique Alberto Gómez Llanos León, Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California a inicio de febrero de este año, en las que lamentó el que la gran mayoría de los bajacalifornianos no supiera de su derecho al acceso a la información pública, sólo son una muestra de su cinismo y de su desprecio por los ciudadanos, quienes aportan vía impuestos los sueldos y prestaciones que los consejeros de ese organismo han venido cobrando catorcena a catorcena desde junio del 2011.

Decir que no existió el presupuesto necesario para difundir el derecho de acceso a la información pública, es mentir, además de culpar a los diputados de la anterior y actual legislatura de no proporcionarles el recurso suficiente. La verdad es otra.

La creación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC), obedeció a una iniciativa impulsada por empresarios y ciudadanía quienes buscaban dotar de un instrumento que defendiera el derecho de todos a saber qué, porqué y cómo hace el gobierno con los recursos públicos.

Para que este instrumento funcionara se nombraron tres consejeros titulares y el 1ro de junio del 2011, inició actividades con la toma de protesta de los Consejeros Titulares Adrián Alcalá Méndez, Enrique Alberto Gómez Llanos León y Eréndira Bibiana Maciel López y como suplente a Roberto José Quijano Sosa.

Ellos, entre sus facultades y obligaciones tendrían una de mayor trascendencia o mejor dicho la que debió ser de mayor trascendencia y por lo tanto debió ser su prioridad número uno y que consistía en dar a conocer, difundir y promover el derecho al acceso a la información pública de la sociedad.

Para ello los consejeros del ITAIPBC, deberían crear y diseñar programas de capacitación y difusión de la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Y asegurarse de que el mayor número de habitantes de la entidad tuviera conocimiento de este derecho.

Pero no fue así…

Ellos, los guardianes y protectores de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública, los datos personales y la rendición de cuentas, los protegieron de tal forma que sólo unos cuantos ciudadanos y servidores públicos tuvieron conocimiento de su existencia, entre ellos diputados, alcaldes, secretarios, regidores, dos gobernadores, unos cuantos estudiantes universitarios, así como un selecto grupo de organismos de la sociedad civil.

De ahí en más nadie se enteró de la existencia de esos derechos, mucho menos que se cuenta con una institución creada exclusivamente para garantizarle a la ciudadanía el ejercicio de estos.

Para los Consejeros del Instituto de Transparencia, su prioridad fueron todos los seminarios, los simposios, los foros, los festejos de la Semana Nacional de la Transparencia, del Día Internacional del Derecho a Saber, eventos que organiza el IFAI y el InfoDF también, las reuniones de la Conferencia Mexicana de Acceso a la información Pública y su Comisión de Vinculación con la Sociedad, y de esa forma ellos se incorporaron a ese selecto grupo de turistas transparentes y entonces iniciaron los viajes a Mazatlán, Guadalajara, México D. F., Puebla, Monterrey, Mérida, Pachuca, Cuernavaca, Cancún y Washington, en Estados Unidos.

Había que estar, asistir a todos los eventos, no salir en la foto, error garrafal. Ir y venir siempre con cargo al pueblo, el mismo que sigue sin saber que tiene derecho a preguntarles a los consejeros de Instituto de Transparencia cómo se benefició con tanto viaje, Baja California y el Instituto de Transparencia mismo.

Las actividades de “los guardianes de la transparencia” se concentraron mayormente en Tijuana y Mexicali y ocasionalmente en Ensenada, Rosarito y Tecate. En realidad realizaron más viajes a la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Tlaxcala que las veces que atendieron asuntos en Tecate y ni que mencionar las localidades de San Felipe, San Quintín, Ciudad Morelos o Ciudad Guadalupe Victoria donde jamás pusieron un pie. Probablemente como vacacionistas si pero como titulares del ITAIPBC, no.

Según datos obtenidos del Portal de Obligaciones de Transparencia, tan sólo en los ejercicios fiscales del 2012, 2013 y 2014 los consejeros del Instituto de Transparencia se gastaron en viáticos, traslados y hospedajes la cantidad de $841 mil 866 pesos con 64 centavos, además de 190 mil 903 pesos con 48 centavos en pagar los hospedajes y traslados de sus invitados especiales, cantidades que sumadas arrojan la cifra de 1 millón 32 mil 770 pesos con 12 centavos.

Esta cifra podrá parecer pequeña si la comparamos con los 31 millones de pesos que les otorgó el Poder Legislativo para los ejercicios fiscales mencionados, 10 millones para el 2012 y 10 millones 500 mil pesos para el 2013 y la misma cantidad para el 2014.

Sin embargo, si a esa cifra le sumamos los 864 mil pesos anuales que cada Consejero recibió como pago mas 144 mil pesos de aguinaldo (60 días de sueldo mas compensación) más 48 mil pesos de prima vacacional (20 días de sueldo mas compensación), nos da que cada Consejero del Instituto de Transparencia percibió 1 millón 440 mil pesos menos descuentos.

Multiplicada esta cantidad por los tres consejeros (Según nota en el documento donde se publica la plantilla, el Consejero Suplente no percibió ingresos por no estar en funciones) nos da que se asignaron como pago 3 millones 168 mil pesos anuales, lo que equivale a 9 millones 504 mil pesos por los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014.

Si a esto le agregamos el 1 millón 32 mil 770 pesos con 12 centavos que se gastaron en viajes, nos da que los Consejeros Titulares, Enrique Alberto Gómez Llanos León, Eréndira Bibiana Maciel López, Adrián Alcalá Méndez y Roberto José Quijano Sosa (este último en la segunda mitad del ejercicio fiscal 2014, al entrar en funciones tras renunciar al ITAIPBC Adrián Alcalá Méndez para irse al IFAI) ejercieron en ellos 10 millones 536 mil, 770 pesos con 12 centavos, eso sin contar los casi 700 mil pesos que costaron los 3 vehículos Renault, Fluence 2011, y que adquirieron pocas semanas después de que les tomaron protesta).

En suma, los Consejeros del Instituto de Transparencia utilizaron el equivalente a todo un ejercicio fiscal en beneficio propio, por eso, decir que por falta de presupuesto no se difundió el derecho al acceso a la información pública, ni se dio a conocer entre la población la existencia del Instituto de Transparencia, es pretender ocultar su mezquindad ya que nunca tuvieron el interés mucho menos la disposición para diseñar una estrategia de difusión que les permitiera llegar a todos los sectores de la población.

Así, Adrián Alcalá Méndez, Enrique Alberto Gómez Llanos León, Eréndira Bibiana Maciel López y Roberto José Quijano Sosa convirtieron un derecho fundamental, en un privilegio para unos cuantos al decidir ejercer el recurso público de la forma como lo hicieron y como aún hoy día lo siguen haciendo.

Suponiendo sin conceder que en el tiempo que llevan en el cargo los Consejeros, atendieron, capacitaron y orientaron a unos 35 mil ciudadanos en todo el estado, esta cifra apenas representa el 1% del total de la población proyectada para la entidad por INEGI para el 2015.

Ahora, si en realidad hubieran deseado que la sociedad conociera del derecho a solicitar información pública, bien hubieran podido mandar imprimir cada año unos cien mil trípticos y unos veinte mil tabloides o posters tamaño doble carta, lo cual costaría unos cien mil pesos, y entonces distribuirlos en las 236 bibliotecas que según INEGI hay en la entidad, así como en las oficinas públicas existentes en los municipios y sus delegaciones municipales.

Pero no, para eso no hubo presupuesto. Aunque si para las relaciones públicas, para los eventos y sus fotos oficiales. Fue en eventos organizados por Alcalá Méndez, como presidente del ITAIPBC, que Ximena Puente de la Mora, Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, entonces comisionados de órganos locales de transparencia y hoy comisionados del IFAI, visitaron tierras bajacalifornianas como invitados recurrentes para ser oradores en conferencias, foros y simposios, fueron ellos quienes lo promovieron para ocupar el cargo de Coordinador de Acceso a la Información en el Órgano Federal.

Sin embargo, mientras los consejeros organizaban sus eventos y asistían a los que eran invitados, en cada aparición pública frente a la prensa, frases estructuradas como “vamos a convertir a Baja California en referente nacional en materia de transparencia” y “se ha avanzado en la resolución de recursos de revisión” eran mencionadas una y otra vez, pero bien dice el dicho que no por repetir una mentira mil veces esta se volverá verdad, pues la realidad está en los resultados arrojados en la Métrica de la Transparencia llevada a cabo en 2014 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), evaluación nacional en la que el ITAIPBC quedó en el lugar 28 de 32 órganos garantes evaluados.

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