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Filete de Atún.
Fotografía: George Alexander Ishida Newman / cc
Ensenada, B.C.- (Con información de boletín) A través de un boletín de prensa, el titular del Comité de Pesca Deportiva y Actividades Náuticas de Ensenada, Gerardo Sánchez Córdova dio a conocer este día, que serán más de 250 pescadores y prestadores de servicio de pesca deportiva los que se verán afectados gravemente por lo que califican como “incongruencias e incertidumbre” generada por las acciones del Secretario de Pesca del Estado de Baja California, Matías Arjona Rydalch, tras presentar un documento a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) relacionado con el manejo del atún aleta azul para el año 2015.
Sánchez Córdova explicó que luego de las recomendaciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) a México, en donde se establece una cuota de 3 mil toneladas de atún aleta azul para el país, el Secretario de Pesca en Baja California al ser consultado por la Conapesca para proponer la distribución de la cuota, únicamente tomó en cuenta a tres empresas que hacen aprovechamiento comercial de la especie.
En el comunicado, señala que “el funcionario, trasgrediendo los principios de legalidad, equidad e imparcialidad, únicamente ha buscado favorecer a la empresa Acuacultura de Baja California en la que tiene intereses económicos muy claros, por ello decidió no tomar en cuenta a otra empresa –Tunamax- ni a toda la flota de pesca deportiva del estado”. Tal y como fue señalado días atrás por la misma empresa Tunamax, y pescadores del puerto de Ensenada.
Gerardo Sánchez Córdova.
Fotografía: Cortesía.
“Este fue otro de los temas que Arjona Rydalch no peleó para Ensenada, él únicamente está preocupado porque le destinen una cantidad importante de toneladas a la empresa con la que hace negocios” refiere Sánchez.
Acusan de que esta postura afecta la economía de más de 500 familias, y pone en riesgo la actividad de pesca deportiva en un entorno económico que ya es adverso.
Por último, mencionó que llevarán a cabo acciones jurídicas y sociales para informar a la autoridad federal, sobre la importancia de esta actividad en Baja California, y evitar que se afecte su crecimiento y desarrollo en la región.
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