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Nancy Sánchez, dirigente del PRI en BC en rueda de prensa.
Fotografía: Cortesía / PRI
Ensenada, B.C.- (Con información de comunicado) La dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California, Nancy Sánchez Arredondo, adelantó que su partido, al igual que lo hizo el Partido Encuentro Social ayer lunes, presentará una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) esta semana, para que sea la policía especializada la que investigue la posible comisión de delitos de tipo cibernético, al tiempo de exigir la separación de sus cargos, tanto del Secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez; como de Loreto Quintero Quintero, Oficial Mayor del Ejecutivo Estatal. Con el objetivo de facilitar las investigaciones.
“Pese a las reiteradas negativas del Gobernador Francisco Vega de la Madrid; del Secretario de Finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez; y de la Oficial Mayor, Loreto Quintero Quintero, en el sentido de que no adquirieron equipos de espionaje cibernético de la empresa italiana Hacking Team, a través de la empresa radicada en Tijuana Elite by Carga, S.A. de C.V. […] el gobierno estatal tiene aún muchas explicaciones que dar sobre este tema”, apuntó Sánchez.
“Ni el Secretario de Seguridad Pública, ni la Procuradora de Justicia, reconocen o aceptan haber adquirido este equipo de espionaje para enfrentar a la delincuencia o la inseguridad. Los índices delictivos, las ejecuciones, las operaciones crecientes del crimen organizado, nos indican que no hay interés del gobierno del estado por combatirlos”, agregó.
Sánchez señala que Baja California “enfrenta hoy la expresión más sucia y ruin del poder mal entendido y la responsabilidad del ejercicio de gobierno”.
“En esta ocasión no estamos hablando de compra de terrenos o de adjudicaciones directas, o de negocios realizados al amparo del poder. Esto es mucho más grave”, dijo.
La dirigente del PRI señaló que “no se puede caer en el juego cínico del Gobierno del Estado, de minimizar un hecho tan peligroso”, y refirió que presentarán la demanda ante la PGR.
“Como oposición responsable, entendemos y apoyamos la compra de este tipo de equipos para vigilar y combatir a los grupos criminales, mejor equipados tecnológicamente que la propia autoridad, y que siguen manchando del sangre el estado; pero nunca para vigilar a los ciudadanos, a los empresarios o a quienes tengan opiniones diferentes al partido en el poder”, concluyó.
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