Ponen a disposición 6 iniciativas que serán presentadas en el Parlamento de la Juventud de BC

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Fotografía:  Daria Nepriakhina / cc
Fotografía: Daria Nepriakhina / cc

Mexicali, B.C.- Con el objetivo de exponer públicamente seis iniciativas que serán presentadas en el Parlamento de la Juventud de Baja California el próximo viernes 7 de agosto del 2015, las legisladoras juveniles Bárbara Guadalupe Contreras Ramos y Daylin García Ruvalcaba adelantaron los documentos para que sean revisados por los ciudadanos y puedan recabar opiniones previo a la sesión.

Las legisladoras en este acto de apertura, proporcionaron a sistema informativo plex los documentos que anexaremos a continuación, y que podrán descargar dando click en el título de cada uno de ellos:

ANTEPROYECTO DE INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4, 60, 66, 67, 68, 69 y 85 DE LA LEY DE JUVENTUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
La juventud representa múltiples áreas de oportunidad, la sociedad joven de los 5 municipios, contempla un cúmulo de necesidades provenientes de contextos económicos, sociales y culturales diferentes, por tal razón es necesaria la creación de una plataforma que permita establecer las estrategias para dar un seguimiento formal, positivo y productivo a las Políticas Públicas que deben implementarse en Materia de Juventud en Baja California.

La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud contempla un Consejo a nivel nacional, que se integra por 20 jóvenes ciudadanos que coadyuvan al mejoramiento de las políticas públicas, mientras que en Baja California hasta el momento la Ley de Juventud del Estado, únicamente prevé un Consejo Estatal de Atención a la Juventud, el cual está integrado por 15 funcionarios y únicamente 3 jóvenes ciudadanos, en donde resulta de lo más mínima la apertura de gobierno a las propuestas de la sociedad civil.

El ´´CONSEPP B.C.´´, Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud de Baja California, será un espacio que tendrán las y los jóvenes para externar propuestas desde un escenario con mayor incidencia y cercanía con los personajes que atienden las problemáticas y toman decisiones de beneficio para la sociedad joven.

CONAPO mostró que para 2014 en Baja California se tenía una población de 1,107,679 habitantes cuyas edades comprenden entre los 12 y 29 años de edad, es decir el 32.3% de la sociedad bajacaliforniana es joven.

Resulta apremiante el contar con un órgano colegiado que dé seguimiento a las políticas públicas que son diseñadas específicamente para beneficiar ese 32.3% de nuestra población, hablamos de un Consejo Ciudadano que permita medir y evaluar los proyectos y programas que se desarrollan a favor de las juventudes bajacalifornianas.

ANTEPROYECTO DE INICIATIVA QUE CREA LA LEY DE ADOPCIONES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

En Baja California se encuentran 1345 hombres y 1327 mujeres atendidas en instituciones de asistencia privada, es decir se tienen 2672 niñas y niños en casas hogar, y un total de 459 niñas, niños y adolescentes siendo atendidos por los albergues de DIF. Asimismo, se cuenta con un registro de 108 Instituciones de Asistencia Social Privada y 2 albergues públicos.

La reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, nos hablan de la prioridad de establecer medidas para la satisfacción de las necesidades de todo menor de edad, el acceso a una alimentación, educación, sano esparcimiento, salud y el asegurar en todo momento el desarrollo integral del menor.

Es vital garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes de Baja California, tengan o no tengan el privilegio de contar con una familia que les proteja, por lo tanto para todos aquellos menores de edad que se encuentran en estado de vulnerabilidad se debe buscar en todo momento su acceso a una vida digna.

La adopción es una respuesta con la cual se integra un menor desprotegido al seno de una familia, sin lugar a dudas el Estado debe establecer los lineamientos correspondientes para que dicho proceso sea lo más seguro y armonioso posible, actualmente se cuentan con mecanismos largos para que este procedimiento se lleve a cabo, por lo tanto es inherente el establecer criterios jurídicos que en todo momento proporcionen certeza del inicio, seguimiento y derechos adquiridos por parte del menor y del adoptante desde que inicia y hasta que concluye la solicitud, es decir hasta que se dicta sentencia y aun así establecer un puntual seguimiento al desarrollo integral del menor.

Reducir los tiempos del proceso de adopción en el Estado, es una de las bondades de la nueva Ley, el certificado de idoneidad no podrá tardar más de 2 meses, mientras que la finalización del proceso no podrá extenderse a más de 6 meses para las investigaciones y recursos correspondientes.

La Ley de Adopciones garantizará el contar con las condiciones necesarias para que se tenga un debido proceso y todo requisito y solicitud se instrumente en torno al derecho y atendiendo al interés superior del menor.

ANTEPROYECTO DE INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 26 Y 27 DE LA SECCIÓN IV DE LA LEY DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

Según información de Servicios de la Salud Pública del Estado, 3,317 Mujeres de 15 a 19 años de edad que accedieron en 2014 a atención de planificación familiar y se presentaron 7,160 embarazos registrados en 2014 en Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

El embarazo en adolescentes afecta su salud, educación, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales, y su economía entre otros aspectos.

Por lo que consideramos, es necesario reformar los criterios y disposiciones en relación a la Planificación Familiar, con el fin de garantizar el acceso a servicios integrales a adolescentes, sin discriminación por edad; la prestación de servicios de planificación rigiéndose por criterios de universalidad y de gratuidad; así como el respeto a los derechos de los adolescentes de ambos sexos a la intimidad, generando un expediente clínico que deberá ser manejado con discreción y confidencialidad, limitándose a utilizar solo aquellos datos que son para fines estadísticos.

De igual forma, se ampliaron los servicios de Planificación que Comprendía la Ley en cuestión, incluyendo, los siguientes:

– Programas de Educación en sexualidad para el sector educativo, los cuales deberán iniciar a más tardar en la pre-adolescencia y deberán cubrir todos los niveles comprendidos dentro de la educación básica;

– Prestación de servicios clínicos gratuitos especializados en adolescentes que adopten una perspectiva de atención integral de las necesidades de salud sexual y reproductiva, los cuales deberán comprender la instalación de clínicas juveniles, que podrán desarrollarse en farmacias, centros educativos, centros comerciales, lugares de trabajo o espacios públicos

– La promoción prioritaria en adolescentes de métodos con menor probabilidad de falla como lo son los anticonceptivos de acción prolongada, como inyectables, dispositivos, sistemas intrauterinos e implantes.

– La utilización de medios de comunicación masiva para fomentar, fortalecer e incentivar el acceso de los adolescentes a los servicios de planificación familiar.

Parlamento Juvenil. Fotografía: Cortesía.
Parlamento de la Juventud de BC.
Fotografía: Cortesía.

ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL TITULO TERCERO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN MATERIA DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
El desarrollo de la democracia mexicana, se ha caracterizado por ser gradual y reactivo, atendiendo a los cambios sociales y políticos del país. La consagración constitucional de los derechos políticos de los ciudadanos, a ser votados por medio de candidaturas independientes y a expresarse sobre asuntos públicos por medio de mecanismos de participación ciudadana, como lo son las iniciativas ciudadanas de ley y las consultas populares, fuero decretadas en agosto de 2012.

La Reforma Estructural en Materia Política-Electoral de 2014, tuvo, entre muchos de sus objetivos; profundizar las libertades políticas de los ciudadanos y fomentar la rendición de cuentas. Además, crea el Instituto Nacional Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral y el resto de las autoridades electorales administrativas locales; estableciendo así un esquema institucional de carácter nacional que asegura a todos los mexicanos, con independencia de la entidad en la que residen, el goce de una democracia efectiva, impidiendo la injerencia de otros poderes públicos.

Sin embargo, Baja California no ha atendido totalmente a la progresividad acelerada con la que han evolucionado los Derechos Político-Electorales de los ciudadanos, prueba de esto es la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, que declara al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California como autoridad no competente para realizar el Plebiscito sobre el aumento a la tarifa publica de autobuses en la ciudad de Mexicali; ignorando los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ejercicio de la función electoral, que se encuentra a cargo de las autoridades electorales, y violentando con esto los derechos políticos de los más de tres mil ciudadanos que firmaron la solicitud para ejercer su derecho a opinar sobre asuntos públicos.

Es por esto, que consideramos necesario reformar las disposiciones que comprenden en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California desde 2001, para armonizar esta con la Constitución Federal y con los criterios nacionales que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CELEBRAR CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA.

La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California, establece, la aplicación de medidas de orientación, protección y tratamiento, que tienen como fin, propiciar en forma óptima la reintegración del adolescente en su entorno social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades, a fin de evitar la comisión de futuras conductas antisociales; considerando dentro de las medidas de orientación y protección la figura de Libertad asistida, la cual consiste en permitir al adolescente a continuar con su vida cotidiana, pero bajo la vigilancia de un supervisor y de conformidad con las condiciones impuestas por el Juez para Adolescentes, fijando una duración de esta medida no mayor de tres años.

En virtud de que el Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California, enuncia como unos de sus fines el del servicio de la comunidad y la formación de profesionistas, y enuncia que el nivel académico de licenciatura tiene como propósito dar al estudiante una formación ética y cultural, capacitándolo científica y técnicamente dentro del campo de estudios correspondiente, con el fin de que como profesional, profesor o investigador pueda prestar servicios útiles a la sociedad.

Consideramos importante que la Comisión de Juventud y Deporte del H. Congreso del Estado de Baja California, sea impulsor en la celebración de un convenio entre el Tribunal de Justicia para Adolescentes y la Universidad Autónoma de Baja California, que permita a los jóvenes estudiantes la prestación de su servicio social, como supervisores en los casos que el Juez decida aplicar como medida la libertad asistida.

ANTEPROYECTO DE INICIATIVA QUE ADICIONA UN CAPITULO IV AL TITULO II DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA CREAR LA PLATAFORMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA.

México atraviesa un momento crítico, los ciudadanos han perdido la confianza y credibilidad en la política, instituciones y gobiernos; esto se debe, en gran medida a la corrupción e impunidad que impera en los diferentes órdenes de gobierno. La corrupción no solo afecta el estado financiero público, sino que entorpece en gran medida el bienestar social, el desarrollo y el crecimiento económico del país.

La transparencia y el acceso a la información en México representan un gran avance para la sociedad y la política mexicana, pues la satisfacción del derecho de acceso a la información, garantiza el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, por lo que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para la construcción de una nación democrática y libre.

Sin embargo, en Baja California no se ha garantizado satisfactoriamente el goce de este derecho fundamental, pues gran parte de los sujetos obligados en el Estado no cumplen íntegramente con la información de oficio, aunado a esto existen casos como el del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, los Ayuntamientos de Ensenada y Tecate, que no cuentan con un sistema electrónico eficaz, utilizando como medio para recibir solicitudes de transparencia el correo electrónico.

Por lo que la presente iniciativa tiene como fin, unificar la información de oficio de todos los sujetos obligados en el estado en una misma Plataforma Estatal de Transparencia, que garantice a toda persona, el acceso adecuado y oportuno a la información pública que se genere o encuentre en posesión de los sujetos obligados; acortando y simplificando con esto, el procedimiento de acceso a la información, el procedimiento de acceso a datos personales, así como en su caso el recurso de revisión que para tales efectos prevé la ley.

 
 
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