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Diputada Laura Torres. Fotografía: Cortesía/Congreso del Estado

Playas de Rosarito, B.C.  (Con información de boletín) La diputada Laura Torres Ramírez insiste en que es prioritario que se resuelva el añejo problema de los límites territoriales entre Playas de Rosarito y Ensenada, lo cual es facultad exclusiva del Congreso del Estado, mediante dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; por ello llamó al respeto recíproco entre ambos Ayuntamientos, puesto que lo primordial es brindar atención y servicios a los habitantes de Santa Anita, Alistos, La Fonda y La Misión.

Por tal motivo, la legisladora exhortó al  Ayuntamiento de Ensenada a que se abstenga de realizar actos de autoridad en el territorio en disputa con Playas de Rosarito, hasta en tanto que el Congreso del Estado se pronuncie de fondo y resuelva la querella presentada por Rosarito.

Mencionó que para atender la demanda de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, ha planteado en la tribuna del Congreso de Baja California diversas propuestas para impulsar la elaboración de un Dictamen que dé certidumbre jurídica, administrativa, jurisdiccional y territorial a Playas de Rosarito y que fueron turnadas a la Comisión dictaminadora, siendo complementarias a su intervención en las tres mesas técnicas, en las que participó de forma activa.

Es un problema que lleva más de 20 años, -explicó- y corresponde al Congreso local determinar a quién le asiste la razón, pues derivado de los puntos de acuerdo promovidos ante el Pleno en los últimos meses, no fue posible llegar a un convenio de conciliación entre ambos Ayuntamientos; por lo que se abrió la etapa procesal en la Comisión de Gobernación Legislación y Puntos Constitucionales.

Por tal motivo, consideró la legisladora que es necesario que dicha Comisión cumpla con los tiempos que se acordaron y presente a la brevedad el Dictamen final, para evitar conflictos que en nada benefician a la población que demanda mejores servicios públicos, seguridad, atención en salud y mejores escuelas.

 “Mi posición como diputada rosaritense, ha sido abordar este tema con argumentación legal, técnica y evidencia documental, siempre con una postura de respeto y de diálogo; pero no podemos esperar indefinidamente, por eso exhortamos  a la XXI Legislatura para que resuelva a la brevedad y ratifique los límites territoriales de Playas de Rosarito”, puntualizó.

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“… el territorio que conforme a la historia y la verdad consideramos que corresponde al Municipio de Ensenada”: Reyes Ledesma

Dip Reyes Ledesma. Fotografía: Cortesía/Congreso del Estado

Ensenada, B.C.- La XXI Legislatura de Baja California se encuentra obligada a definir con base en historia y por obligación moral con los residentes de Santa Anita, el conflicto de límites territoriales entre los Municipios de Ensenada y Playas de Rosarito, así lo señaló ante la máxima tribuna del Estado el diputado Armando Reyes Ledesma, quien se comprometió ante el pleno a presentar -conforme lo establece la normatividad correspondiente-  los argumentos técnicos y jurídicos con la finalidad de coadyuvar responsablemente en la petición de resolución del conflicto territorial existente.

Este honorable Congreso no debe postergar más tiempo dicha resolución, “reitero mi compromiso con la sociedad ensenadense de defender el territorio que conforme a la historia y la verdad consideramos que corresponde al Municipio de Ensenada”, afirmó  el legislador porteño al informar que recientemente los representantes jurídicos de ambos ayuntamientos plantearon controversias territoriales ante el Congreso Local con la finalidad de dirimir en definitiva el conflicto limítrofe existente.

“La problemática existente data desde hace dos décadas, periodo en el cual la solución se ha venido postergando por diversos motivos, pero sin duda alguna el más evidente ha sido la falta de voluntad política de quienes se han visto involucrados”, indicó Reyes Ledesma reconociendo la labor realizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta XXI Legislatura, ya que desde que inició en funciones se han desahogado puntualmente los acuerdos y procedimientos relativos con la finalidad de dar fin a la controversia existente, “por lo cual estamos seguros que ante las nuevas controversias planteadas se habrán de cumplir los procedimientos previstos en la Constitución y leyes respectivas”.