Acusan al Gobernador de querer ser juez y parte en el conflicto de límites territoriales

 

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Kiko Foto Gerson Ruiz
Fotografía: Gerson Ruiz D./Archivo plex

Ensenada, B.C.- Mediante un comunicado de prensa emitido por el Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT),  la tarde de este jueves, acusan  al gobernador  Francisco Vega de Lamadrid de querer ser juez y parte en el conflicto de límites territoriales existente entre los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada. Además señalan, está mostrando que no conoce las leyes estatales que rigen las controversias territoriales que se dan entre los  municipios del Estado.

Así lo declaró Andrés Armenta González, coordinador del GIT, a propósito de que ante los medios de comunicación el gobernador “Kiko” Vega propuso que el Congreso del Estado le pregunte a los residentes del poblado Santa Anita a cuál municipio quieren pertenecer.

Agregó el empresario Armenta González que en la Controversia Territorial que a la fecha se está tramitando ante el Congreso del Estado, el gobernador de la entidad es parte demandada, por lo cual no puede ni debe arrogarse el papel de juez.

Explicó el también miembro del Consejo Consultivo Económico de Ensenada (CONSULTEN) que el hecho de que en la Controversia Territorial esté demandado el Gobernador del Estado se debe a que el Ayuntamiento de Ensenada está reclamando la ilegalidad de la orden que dio en el año 1995 el gobernador  -entonces Ernesto  Ruffo Appel- de que se publicara en el Periódico Oficial de la Federación el “plano  delegacional” que formuló en aquel tiempo la entonces Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del Estado (ahora SIDUE), mismo plano que por los errores que contenía fue y es el origen y la causa del actual conflicto territorial entre Ensenada y Playas de Rosarito.

Por último, dijo Armenta González que es improcedente e ilegal que el gobernador Vega de Lamadrid pretenda que se resuelva esta Controversia Territorial a partir de lo que opinen los residentes de Santa Anita,  toda vez que las leyes emitidas por el Congreso del  Estado de Baja California  disponen que las controversias territoriales se resuelven conforme a la ley, no según la opinión de los residentes.

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