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Fotografía: Cortesía/ Consulten
Ensenada, B.C. (Con información de Boletín) – La presidenta del Consejo de Consultivo Económico de Ensenada (Consulten), Elvira Romero Gutiérrez, reiteró la exigencia del sector empresarial a los diputados del congreso local, de que resuelvan de una vez por todas el diferendo territorial que Ensenada enfrenta con el de Rosarito.
Pidió a los legisladores que actúen apegados a las pruebas históricas, antecedentes técnicos y fundamentos legales, que evidentemente dan la razón a Ensenada y que resuelvan con imparcialidad y no se dejen presionar por intereses políticos, económicos o de grupos.
“Esa exigencia es doble a nuestros representantes por Ensenada Marco Antonio Novelo Osuna y Armando Reyes Ledesma, quienes deben velar por los intereses de todos los ensenadenses que les han brindado su confianza”, subrayó Romero Gutiérrez.
Antes, los integrantes del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT) Alfonso García Quiñonez, Andrés Armenta González y Santos Segura Rubio, expusieron la falta de interés de los legisladores por resolver el problema suscitado a partir de la creación del quinto municipio de Rosarito en 1995.
“El decreto de creación del municipio publicado durante la administración de Ernesto Ruffo Appel establece que se le asigna una extensión de 513 kilómetros cuadrados de los 1584 que en ese entonces tenía Tijuana, sin afectar a ningún otro municipio”, indicaron los expertos del GIT.
Sin embargo al establecer los límites, los diputados cometieron el error de sobreponer 168 kilómetros cuadrados con los que en teoría se invadió el territorio de Ensenada, por tanto Rosarito está reclamando un derecho aparente que no es real, señaló el abogado Alfonso García Quiñonez.
Explicó que un principio de derecho establece que nadie puede dar más de lo que tiene, y en este caso la suma del territorio de Rosarito y Tijuana no debe ser mayor a los 1584, kilómetros que media antes de la escisión.
Un decreto posterior del Congreso del Estado, dijo, intenta corregir ese error, quita los kilómetros, pero deja los límites igual, situación que crea a Ensenada un conflicto artificial.
Los integrantes del GIT, organismo perteneciente del Consulten, manifestaron que luego de una reunión con el diputado Roberto Dávalos Flores, presidente de la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del congreso local, este se comprometió a resolver el problema antes de que termine el presente año.
“Consideramos que será difícil que se cumpla en ese plazo, pero ya se analiza la posibilidad de otras alternativas legales como proponer al presidente municipal Gilberto Hirata, que interponga un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ordene al Congreso resolver el diferendo”, advirtieron.
Otra opción podría ser la intervención de una tercería o mediador que se propone sea una institución universitaria o de investigación de prestigio como la UNAM, Colegio de México, Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), para que emita una opinión imparcial al Congreso, que Ensenada ya aceptó, pero aún falta que Rosarito lo haga.
Ya ha pasado mucho tiempo y el problema tiende agravarse al grado de poner en riesgo la paz social en la zona, incluso con acciones que violentan la ley por parte del presidente municipal de Rosarito Silvano Abarca que se vio envuelto en un altercado con policías, situación que podrá ser objeto de una demanda penal o de juicio político, señalaron.
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