Ensenada, B.C.-(Comunicado de prensa) A decir del abogado Alfonso García Quiñones, coordinador del Grupo Interdisciplinario para la defensa del territorio de Ensenada:

“Desafortunadamente no es verdad, como se ha pensado, que la sentencia dictada el pasado miércoles por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia le haya dado la razón al Municipio de Ensenada en el conflicto territorial que se tiene con los municipios de Playas de Rosarito y Tijuana”.

Señaló que la sentencia que resolvió la Controversia Constitucional No. 158/2016 que interpuso en noviembre de 2016 el XXI Ayuntamiento de Ensenada, presidido por el maestro Gilberto Antonio Hirata Chico, tampoco dice que los la porción de territorio de 168 km2 en disputa le pertenecen al municipio de Ensenada.

Lo que ocurrió en el fallo de la SCJN fue lo siguiente, dice García Quiñones:

1.- Dado que se violaron leyes de procedimiento, la SCJN declaró que es inválido el decreto emitido por la XXI Legislatura del Congreso del Estado el 27 de septiembre de 2016, por el cual los diputados locales decidieron que la porción de territorio de 168 km2 en disputa le pertenecía a los municipios de Playas de Rosarito y Tijuana, por lo que ese Decreto quedó sin efectos así como la decisión tomada por los diputados.

2.- Ahora el Congreso del Estado de Baja California deberá emitir una nueva resolución en la que, apegado a la ley, decida a qué municipio pertenece la porción de territorio en conflicto.

Recordó el abogado-empresario que la defensa del patrimonio territorial ensenadense comenzó en 2009, año en que se formó el GIT. Y que desde entonces este grupo, formado por historiadores, expertos en urbanismo, ingenieros, arquitectos y abogados ha hecho los estudios histórico, técnicos y jurídicos que en su momento hicieron valer los presidentes municipales Pablo Alejo López N., Enrique Pelayo Torres, y Gilberto Hirata en los diversos recursos legales interpuestos ante el Congreso del Estado, y ante la SCJN.Asimismo refiere que como funcionarios de los Ayuntamientos XIX, XX y XXI, los abogados Enrique Minjares, Miguel Ley y Gabriel Ríos tuvieron una decisiva intervención en la formulación de esos recursos. Y que al abogado Tomás Burns del XXII Ayuntamiento “hay que reconocerle que estuvo pendiente de que la SCJN emitiera su resolución”.

Asimismo refiere que como funcionarios de los Ayuntamientos XIX, XX y XXI, los abogados Enrique Minjares, Miguel Ley y Gabriel Ríos tuvieron una decisiva intervención en la formulación de esos recursos. Y que al abogado Tomás Burns del XXII Ayuntamiento “hay que reconocerle que estuvo pendiente de que la SCJN emitiera su resolución”.

Concluyó García Quiñones que el fallo de la primera sala de la SCJN es una fuente generadora de optimismo que renueva las energías de los ensenadenses para enfrentar las batallas que se avecinan en el conflicto territorial.

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Fotografía de portada: archivo plex