Como una “estrategia dilatoria y tramposa” califica la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el retraso en la notificación al Ejecutivo del Estado, por parte de la XXIII Legislatura de Baja California, de la conocida como la “Ley Bonilla”.

La polémica provocada por la decisión de la anterior legislatura de ampliar el periodo de la gubernatura de 2 a 5 años, posterior al proceso electoral, estaría siendo llevada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al ser considerada por múltiples grupos políticos y sociales como una violación al principio de certeza electoral, y un acto anticonstitucional.

Sin embargo, para que la SCJN aborde el tema, debe primero ser publicada por el Ejecutivo del Estado, tras la notificación de ratificación del Congreso local, algo que no ha ocurrido.

Por ello, la COPARMEX hace el llamado a la actual legislatura para que emitan dicha notificación y el tema avance por las vías legales que corresponden.