Hay un día y un número, que combinados, han ganado la fobia y el miedo de los que le temen: martes trece; en este mes de agosto 2019, literalmente fue un martes trece para Rosario Robles, pues su libertad, no sobrevivió a la maldición de este oscuro día. Está presa, la otrora poderosa e influyente exsecretaria de Estado, vive hoy, en el reclusorio femenil “Santa Martha Acatitla”, ahí donde estuvo “la maestra”, Elba Esther Gordillo. Después de una maratónica audiencia de once horas, el juez dictó prisión preventiva de dos meses, lo que durará la investigación complementaria.

Aunque en este tema hay una reforma en puerta, en este país robarse, o participar en el robo de mas de cinco mil millones de pesos de dinero público destinado para los programas sociales en apoyo a los pobres mas pobres, no amerita la prisión por no ser delito grave, sin embargo, en lo que averiguan, Rosario espera en prisión, el fiscal insistió en que la señora cometió un error, tramitar recientemente una licencia de conducir con una dirección falsa, el fiscal argumentó riesgo de fuga y el juez cedió, Rosario no se lo esperaba, tan no se lo esperaba, que como ella misma se describió al llegar a lo que sería su última audiencia en libertad, “he venido con las faldas bien puestas”, “a dar la cara”.

Este borlote tiene su origen en “La Estafa Maestra”, una investigación periodística realizada por “Animal Político” y “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A. C.”, (ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2017 en la categoría de Reportaje), en donde se documenta el esquema utilizado para desviar el dinero público hasta parar en empresas fantasmas. Al verse rebasada, Rosario alborota el avispero, para defenderse, le suelta al juez dos nombres, José Antonio Meade Kuribreña y Enrique Peña Nieto, al primero lo involucra con documentos, de que fue enterado de los desvíos de recursos en la Sedesol, al segundo por medio de testimonio. Horas mas tarde, Meade visita Palacio Nacional, el secretario de hacienda Arturo Herrera Gutiérrez niega haberse entrevistado con él, después rectifica y confirma que si hubo encuentro. Una reunión, demasiado sugerente para el clima político que inicia a formarse: todos empiezan a correr.

En los casos judiciales que en este momento la Fiscalía General de la Republica desarrolla con todo el peso de la ley, destacan, el abogado salinista Juan Collado, Rosario Robles y la persecución al empresario argentino Carlos Ahumada, tres personajes ligados a los famosos video escándalos que en 2004 representaron el inicio de la llamada “guerra sucia” contra Andrés Manuel López Obrador y que llevaron a la cárcel a algunos de sus más cercanos colaboradores, dos de ellos, están hoy detenidos, enfrentando cada uno la justicia mexicana por diversas acusaciones; en el caso de Ahumada, desde Argentina un juez le dijo “no” a la Fiscalía mexicana, a causa de una defectuosa orden de extradición, por lo que se pierde hasta el momento, el atajo que llevaría hacia Diego Fernández y Salinas de Gortari, la coincidencia que une a todas estas personalidades, es muy sugerente, y en política, envía un mensaje rotundo, justificado con su determinación de la lucha anticorrupción.

El talón de Aquiles en el caso de María del Rosario Robles Berlanga de 63 años, que definitivamente ensombrece la credibilidad de imparcialidad en la procuración de justicia, es que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el juez que le ordenó prisión preventiva, es sobrino de la diputada morenista Dolores Padierna Luna, esposa de René Bejarano (tío político del juez), colaborador de AMLO encarcelado en 2004, a causa de los video escándalos. El reclamo y la necesidad social de que la nueva administración federal castigue la corrupción desmedida en sexenios pasados y sobre todo el del expresidente Peña Nieto, es totalmente entendible, pero se agradecería que no hicieran cosas buenas que parezcan malas, las cosas se tienen que hacer bien, con el peso, la dignidad y el rigor que la misma palabra representa: Justicia.

De inicio, de acuerdo a los primeros elementos en el proceso de Rosario, su vinculación a proceso tiene claramente, y de sobra, una validez jurídica razonable, pero su encarcelamiento forzado aunado al desafortunado parentesco del juez, abre el riesgo de poner en duda la parcialidad de la justicia, y el debido proceso. Provoca una enorme decepción, tan solo imaginar que pudiera ser el inicio de una cacería selectiva, a modo y muy personal. Es imprescindible salvaguardar el Estado de Derecho en nuestro país, la justicia debe ser igual para todos los mexicanos. Culpables e inocentes, tenemos derecho a un debido proceso, a ser encarados en un juicio justo.

Ahora toca a la Fiscalía General de la Republica demostrar la capacidad de sostener jurídicamente el caso. Es una excelente oportunidad para sopesar, si la administración de López Obrador posee la altura, veracidad y calidad, para sostener la carpeta de investigación, desahogarla en los tribunales y obtener una sentencia condenatoria en juicio. Si el patriotismo y la reparación del daño al erario es lo que los impulsa, el sentido de justicia sugiere otro sendero: dar con el paradero de esos siete mil millones de pesos, recuperarlos y llamar a cuentas a los funcionarios públicos, empresas privadas y universidades que hicieron posible la llamada estafa maestra.

En el octavo mes del reinado de la 4T, estratégicamente, desde Palacio Nacional van jalando la madeja de un gigantesco entramado de corrupción, que inevitablemente, por su alcance y significado, exige un proceso judicial excelente, pues sería un absoluto golpe positivo a nivel nacional, que refrendaría la confianza popular en la justicia, o de lo contrario, se estaría confirmando la sospecha, muy desafortunada, de una venganza política.

-Asbel Esliman-

P. D. La Justicia es ahora el martillo, que ha cambiado de manos…

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Fotografía de portada: Inda Agudo / CC-BY-SA