• Imposición de Bonilla de 2 a 5 años al frente del Ejecutivo Estatal es un acto anticonstitucional y antidemocrático estima el Instituto Nacional Electoral, quienes interpusieron un recurso ante la Suprema Corte.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el día de ayer 31 de octubre, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación “para continuar acciones a su alcance con el fin de dar certeza jurídica al proceso electoral efectuado en el estado de Baja California el pasado 2 de junio”.

Señalan que la acción de inconstitucionalidad presentada por el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, en representación del instituto, pretende que la Suprema Corte declare inconstitucional el decreto número 351, aprobado por el Congreso de Baja California el pasado 11 de septiembre de 2019, donde se modifica el mandato por el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de 2 a 5 años.

El INE argumentó ante la Suprema Corte, que el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma, expedida con posterioridad a que se realizará el proceso electoral local.

La justificación del INE para iniciar esta acción es, además de facultad del organismo, un esfuerzo por mantener un Estado democrático.

Y destacan que la Constitución expresamente señala, en su Artículo 105: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

El INE expone que la reforma efectuada por el congreso de Baja California para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo, de 2 a 5 años, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 constitucional, ya que dicha modificación, posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en los comicios del pasado 2 de junio.

De igual forma explican que el decreto expedido por el congreso de Baja California pretende desconocer ese hecho y lesiona principios fundamentales de la democracia.