El reciente anuncio de la Fiscalía General del Estado (FGE) de archivar el tema de las negociaciones ilícitas en Baja California (BC), en donde se encuentran involucrados funcionarios de alto nivel en Gobierno del Estado, fue visto como una protección a funcionarios corruptos por el presidente del Partido Acción Nacional en BC, Enrique Méndez Juárez.

Méndez considera que el Gobierno del Estado aprovecha la pandemia del coronavirus para dar carpetazo al tema de los moches, donde varios de sus funcionarios de primer nivel fueron señalados de recibir varios millones de pesos a cambio de contratos millonarios durante el período de gobierno.

“Es una vergüenza y juega con la inteligencia de la ciudadanía. Es inaceptable que la Fiscalía del estado realice un trabajo tan mediocre, ante el gran tamaño de corrupción que fue denunciado por uno de los involucrados en llevar a cabo las negocia de los moches”, refiere el representante del PAN.

Asimismo, estima que el gobierno actual está protegiendo “a funcionarios corruptos y le quiere ver la cara a los bajacalifornianos diciendo que no hay pruebas suficientes, y dar carpetazo al tema de los moches, cuando ya se han venido destapando más temas de corrupción en los escasos casi 6 meses que tienen”.

El día de ayer la FGE anunció que determinó archivar dicho caso, en el que se involucraban Jesús Demián Núnez Camacho, ex Oficial Mayor del Ejecutivo Estatal, y Cynthia Gissel García Soberanes, ex Secretaria de Bienestar Social.

La explicación es, que no había elementos suficientes para ejercitar acción penal.

La Fiscalía Regional de Mexicali señala que inició de oficio la investigación basada en notas periodísticas y portales de comunicación, en donde se señalaba que los imputados habían recibido ciertas cantidades de dinero a cambio de otorgar contratos para la proveeduría de alimentos en los Centros de Reinserción Social.

Mencionan que tras “un cúmulo de diligencias y pesquisas” por parte del Ministerio Público, se emitió una determinación de archivo, ya que los imputados no tenían calidad de servidores públicos, aunado que a la fecha se recabaron informes de la autoridad y testimonios de quienes hasta ese momento se advierte tienen conocimiento de los hechos, los cuales no son suficientes para resolver sobre el ejercicio de la acción penal.

Y así, concluyen el expediente, al no haber diligencia que tramitar.

Fotografía de portada: Andy Rennie / CC-BY-SA