El gobierno de Baja California reafirmó su poder de censura y enjuició a reportera del Periódico Reforma

Con los adjetivos de “mentirosa, falsa y escandalosa” funcionarios del gabinete de Jaime Bonilla Valdez, protagonizaron el pasado fin de semana lo que fue un juicio de opinión unilateral y politizado, de una noticia publicada por la corresponsal del periódico Reforma en Baja California, Aline Corpus.

La puesta en escena se dio el sábado 6 de junio de 2020, utilizando tiempo, personal y recursos gubernamentales. Tuvo como actores principales al secretario de salud de Baja California, Alonso Óscar Pérez Rico; al secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano; y al propio gobernador Bonilla.

Por un lado, los funcionarios intentaron descalificar el trabajo periodístico de un medio de comunicación nacional, asignando a través de interpretaciones subjetivas un sentido a la información publicada por Reforma, e incluyendo el uso de adjetivos y declaraciones encaminadas a mermar la imagen tanto del medio, como de la reportera.

La publicación de Reforma dio cuenta de cómo a través de un oficio emitido por el Gobierno del Estado, prohibieron a los Oficiales del Registro Civil en Baja California, brindar “cualquier información” de sus dependencias, y asignando, bajo el pretexto del COVID-19, como única fuente de acceso a la información al gobernador y al secretario de salud, para que no se malinterpretaran los datos públicos.

Los funcionarios reafirmaron e intentaron dar una justificación a la censura impuesta a los oficiales del registro civil, convirtiendo su discurso en un reflejo de la visión de George Orwell respecto a la búsqueda del control de la información por parte de los gobiernos. Un asunto que no es cosa menor.

Posteriormente, Miguel Ángel Torres Ponce, Director de Comunicación del Congreso del Estado, se sumó a las críticas hacia el desempeño de los medios en Baja California, y justificó la respuesta del gobernador del Estado a la publicación de Reforma, argumentando que Bonilla hizo uso de su libertad de expresión.

Lo que no dice Torres Ponce, es que esa “libertad de expresión” viene acompañada del acceso a utilizar tecnología, recursos y personal financiado con dinero público. Una pequeña gran diferencia.

La postura emitida por múltiples representantes de medios informativos en el Estado, como es el caso de la Red de Periodistas de Mexicali, fue de rechazo a la forma en que se comportaron los funcionarios el sábado 6 de junio. PLEX se suma a este mensaje:

ALERTA

Tras los señalamientos y descalificaciones al trabajo periodístico de la integrante de la Red de Periodistas de Mexicali, Aline Corpus, por parte del Gobernador, Jaime Bonilla Valdez; del Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y del Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, este grupo de profesionales de la comunicación de la capital del Estado nos pronunciamos en contra de esta acción gubernamental que atenta contra la periodista.
 
Hacemos un llamado enérgico al respeto irrestricto al trabajo periodístico y estamos en contra de la información maliciosa que emitieron este sábado 6 de junio, los funcionarios estatales de primer nivel calificando de mentirosa y tendenciosa a la reportera Aline Corpus.
 
El Gobierno del Estado coincidió con el trabajo de la periodista confirmando que el pasado 26 de mayo se giró una orden por escrito por parte de la Secretaría General de Gobierno a las 21 Oficialías de Registro Civil de los 5 municipios para que “derivado de la contingencia sanitaria de Covid-19, se abstengan de proporcionar cualquier información”.
 
Sin embargo, denostaron el trabajo profesional de la periodista al referir que  “la nota es mentirosa y falsa. Es total y absoluta mentira lo de silenciar, no se silenció al gobierno, se ordenó y pidió en que hubiera un solo conducto que es (la Dirección de) Registro Civil”.
 
Incluso el mandatario estatal advirtió que con notas como la elaborada por Aline Corpus pueden terminar con la carrera periodística de reporteros.
 
En aras de separar cuestiones políticas con las que atañen exclusivamente a la salud pública en tiempos de pandemia y apelando al derecho a la información que tiene la sociedad para saber el verdadero registro de muertos y contagiados por COVID-19 se les solicita al Gobierno del Estado y Ayuntamientos la siguiente información:
 
1.-El número de inscripciones de muertos por Covid-19 y neumonía atípica en las 21 oficinas de de registro civil en el Estado durante los meses de abril y mayo.

2.-El número de reportes hospitalarios sobre fallecimientos de COVID-19 recibidos por la Secretaria de Salud durante los meses de abril y mayo.

3.- El número de registros que hace la autoridad sanitaria estatal en sistemas informáticos ante el Sistema Nacional de Salud durante los meses de abril y mayo.

En abono a la transparencia y apertura que aseguran tener en estos meses de pandemia, esperamos que se nos proporcione a la brevedad las cifras pedidas, toda vez que son registros oficiales que deben contar.


Ricardo Meza

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