Urgen albergues migrantes condonación en pagos de agua al Gobierno del Estado

Ante la posible afectación a organismos que atienden a la comunidad migrante en Baja California, tras nuevas disposiciones en cobros de agua, este lunes la Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C. envió una carta pública al Gobernador Jaime Bonilla, para que consideren la condonación en cobros a organizaciones civiles no gubernamentales.

El presidente de la Coalición, Dr. José A. Moreno Mena, explicó en dicha carta que desde hace 18 años el gobierno estatal había venido condonando los cobros a dichas organizaciones. No obstante, con las modificaciones al decreto número 76 que reforman la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, incluyendo el Código Penal del Estado, el escenario ahora se les torna complicado, al grado de que pueden ser perseguidos por defraudación fiscal.

Aquí la carta íntegra:

Tijuana, B.C. Julio 06 del 2020.

Ing. Jaime Bonilla Valdez

Gobernador de Baja California

Presente.

Carta pública al Gobernador del Estado de Baja California.

Por este medio le enviamos un cordial saludo y así mismo compartirle que quiénes integramos la Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C. somos una red de organizaciones civiles en Baja California, especializadas en la atención y defensa de los derechos humanos de la población migrante y refugiada desde 1996.

Nos dirigimos a Usted para expresarle nuestra preocupación e incertidumbre por la reciente aprobación del decreto número 76 mediante el cual se reforma la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, la ley que reglamenta el Servicio del Agua Potable, Código Fiscal para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, así como el código penal del Estado de Baja California, con fecha de publicación el 22 de junio del 2020 en el periódico oficial. Esta medida afecta en la economía y gastos operativos de los albergues para personas migrantes además conlleva la persecución de delito por defraudación fiscal.

Quiénes brindamos asistencia humanitaria a la población migrante y refugiada el servicio de agua es esencial para poder garantizarles un trato digno y humano, por lo que consideramos importante analizar el derecho al agua como un derecho universal y su acceso a las personas en condición de vulnerabilidad, por lo que exhortamos la publicación del decreto de condonación del servicio de agua potable para las organizaciones civiles en Baja California como se ha venido haciendo desde hace más de 18 años.

Otra de nuestras preocupaciones es la aprobación al decreto No. 153, el cual reforma la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, publicada el 15 de mayo del 2020; en el cual se integra el pago para obtener la “Licencia Sanitaria”, misma que menciona como sujetos obligados a diversos giros comerciales e incluye a quiénes prestamos servicios de asistencia social. Es importante aclarar que entendemos la necesidad y urgencia de establecer medidas sanitarias de prevención para garantizar el bienestar, la seguridad y la salud de las personas; sin embargo, esta medida podría tener repercusiones graves para las organizaciones civiles de atención a migrantes que pudieran ir desde el pago de la licencia hasta el cierre temporal de los albergues.

De igual forma es importante considerar que aunado a todas estas medidas de afectación tenemos la falta de apoyos para organizaciones civiles a nivel federal y estatal por lo que solicitamos establecer los mecanismos necesarios para su implementación; no es posible tener la visión centralista que los gobiernos pueden solos ya que está más que demostrado que es necesaria la vinculación con la ciudadanía.

Por lo antes expuesto demandamos lo siguiente:

• Emitir el decreto en donde se exime del pago de derechos por consumo de agua a las organizaciones civiles no gubernamentales en el Estado de Baja California.

• Incluir el decreto como política pública de Estado sin tener que depender cada año de su publicación.

• Respecto a la Ley de Salud, analizar las medidas establecidas en el decreto No.153, se deben contemplar acciones alternativas de fortalecimiento a los albergues para poder subsanar las probables medidas que pudieran ser solicitadas en su caso.

• Exhortamos la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California para analizar las consecuencias de ambos decretos antes mencionados, así como los impactos negativos y violatorios a derechos humanos que pudieran tener como medidas coercitivas con intereses recaudatorios y en su caso emitir acciones de inconstitucionalidad pertinentes.

Es importante considerar que las organizaciones civiles de atención a migrantes apoyan a población en condiciones de vulnerabilidad, a quienes no se les puede privar de los derechos humanos básicos, entre ellos el derecho al agua y al saneamiento.

Sin otro particular por el momento, quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente
Dr. José A. Moreno Mena
Presidente
Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C.

(Integrada por: (Casa del Migrante en Tijuana A.C., Instituto Madre Asunta A.C., Casa YMCA para menores migrantes, Ejército de Salvación, Casa Puerta de Esperanza del Ejército de Salvación, Centro de Reintegración Familiar de Menores Migrantes, A.C. (Albergue del Desierto), Comité de Promoción para el Desarrollo de Mexicali, A.C. (Centro de Apoyo al Trabajador Migrante), Centro de Derechos Humanos y Educación Cívica A.C.)

C.c.p. Lic. Miguel Ángel Mora Marrufo. Presidente de la CEDH. Lic. Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Delegado federal en B.C. Lic. Luis Javier Algorri Franco. Subsecretario de Migración

Calle Galileo No. 237 Interior Colonia López Leyva, C.P. 22416, Tijuana, B.C.

Tel. (664)607-7077 Mail : coalipro@hotmail.com coalipro1@prodigy.net.mx

Página web: www.coalipro.org.mx

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