No fue un artículo, sino toda una profesión.
Lo sé, dirá que no es la primera vez y muy seguramente no será la última, pero la forma tan servil y cínica con la que se enmendó y allanó una ley para beneficiar a una persona en particular, tiene pocos antecedentes en el pasado reciente.
Los programas de estudio en el nivel superior, son un compendio de experiencias ricas en conocimiento, en observación, en el análisis que se somete al riguroso proceso del raciocinio crítico, de ahí surge literatura, conceptos, una amalgama de procesos estructurados que condensan el piso que hay que saber en determinada área.
La cultura física y el deporte no están exentos de lo anterior.
Hoy en México hay escuelas y facultades, más de 19, en las que a diario se forjan futuros profesionistas con conocimientos en áreas diversas como la fisiología, la teoría y metodología del entrenamiento, la administración de entidades deportivas, la psicología, el derecho, la medicina aplicada al deporte, los problemas sociológicos e históricos que dieron génesis e infieren en la cultura física poblacional y el deporte, en fin, un cúmulo de hipótesis, teorías y leyes que, en sumatoria, deben fomentar un grado de especialización que permita responder al por qué se hace algo y no lo otro.
Basado en lo anterior y en tendencias de la administración pública, fue que en dos momentos, en 2010 y 2013, en Baja California se estableció el requisito de orden académico en grado de licenciatura, para quien fuese nombrado director general del Instituto del Deporte y la Cultura Física en Baja California, situación que en su momento encontró eco en dos legislaturas de forma unánime, sí, unánime y que sentó un precedente en la relevancia que el legislador otorgó a esta profesión.
Llegaría entonces una persona que incumplía con lo demandado, alguien cuyo léxico deportivo se circunscribe a una disciplina en particular y que, dejando a un lado afinidades personales, simplemente se sostenía en la ilegalidad. David González Camacho incumplía con una fracción, so pena de que fuesen más, por aquello por ejemplo de la residencia, pero no era una menor, quizá la de mayor relevancia para el cargo que asumió por mandato del gobernador Jaime Bonilla.
Por meses, fueron escasas las voces que reclamaron este acto. El silencio fue la constante, entre profesionistas con apatía y desinterés, pasando por la complicidad de directores de institutos municipales que incluso fueron sujetos a un proceso regulatorio similar o quienes dan cátedra a los futuros profesionistas sobre la “importancia” de su campo de estudio y no omito decirlo, quizá el “mutis” más lacerante, ha sido aquel de quienes deberían ser la primera defensa de la profesión, aquellos que dirigen los esfuerzos por tecnificar, desde el conocimiento formal, el deporte y la cultura física en general. Ni un solo posicionamiento.
Ayer los legisladores hicieron menos a toda una profesión. Abrogaron una fracción y con ello restaron importancia a lo que se forja en las aulas. Con un simple, “aprobado por mayoría”, le dieron un mensaje claro y contundente a estudiantes y egresados, a cuerpos académicos y colegios, a investigadores y a todo aquel que invirtió años de su vida en formarse.
No solo hicieron un chaleco a la medida de un personaje, validaron la violación que por meses se hizo de la ley que protestaron cumplir. Hoy el deporte de Baja California es dirigido por alguien que increpando a la prensa, ignoraba por desconocimiento o de forma dolosa, las normas que rigen su actuar.
El mensaje que más preocupa es este, si en un cargo, uno, no se pudo sostener la profesionalización, qué podemos esperar de otras áreas del ejercicio laboral de la cultura física y el deporte.
Fotografía de portada: Congreso del Estado
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