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Cierra filas INE ante persecución penal tras su decisión respecto a la revocación de mandato

  • “En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”

A través de un posicionamiento de la totalidad (11) de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto quienes votaron a favor como quienes votaron en contra de posponer la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se da a conocer el rechazo de este organismo a una serie de acusaciones de “distintas fuerzas y actores políticos” cuya finalidad es someter a un proceso penal a las y los consejeros que tomaron tal decisión.

Esto significa que el Consejo cierra filas en torno a un tema que ha sido polémico y en donde, dentro de sus facultades, optaron por aplazar. Su rechazo es total a las denuncias penales contra cualquiera de los integrantes del Consejo “y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”, señalaron.

Aquí el posicionamiento íntegro:

A la opinión pública:

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano colegiado y máxima autoridad de la institución, por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de Revocación de Mandato. En un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público.

Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones.

Por ello es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen.

Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión.

En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos.

Suscriben: Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente, Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez.

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