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Fotografía: Sebastiaan ter Burg / cc

[Opinión]

“El desafío de la comunicación en la obra pública”

Por: Christian Chacón.
Christian Martín Chacón Meza, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Actualmente se desempeña como contralor para la Secretaría de Educación Pública (SEP); y como asesor jurídico. Es originario de Ensenada.

e-mail: chaconmeza3@gmail.com
Twitter: @juristachacon

Hablar con la gente es tan difícil como importante. El poder acercarse a la comunidad, el sector empresarial y los diferentes actores de gobierno es una tarea que debe asumirse con seriedad por los Estados que no han podido darle publicidad a la obra pública. La obra pública no solo es considerada como tal por su dedicatoria, también lo es por los modos en los que se realiza.
Cuando se realiza un proyecto social debe haber un contrato público que lo regule. Los licitadores, licitantes y la comunidad en general deben estar enterados de los beneficios que otorga el proyecto y las consecuencias que traería el no desarrollarlo, pero el gasto debe ser priorizado. Una buena obra puede ser mala o invisible por la opinión de la ciudadanía y sus necesidades.

El mejor de los museos no se compara con la falta de agua. Hay que estar conscientes de los efectos que genera la obra pública para realizar una comunicación integral. Una comunicación integral es aquella que logra enviar un mensaje claro y objetivo a todos los que de alguna manera se ven involucrados por él. Cumplir con ello no es tarea fácil y se debe trazar una estrategia de comunicación para saber direccionar la imagen que daremos del proyecto, de tal manera que el gobierno debe ser sensible a la hora de comunicar.

Los equipos de diseño de obra y de comunicación deben permanecer en constante diálogo, de ello depende que puedan cumplir con un proyecto exitoso. La publicidad de la infraestructura también atrae la inversión activa para la economía local. Debe ser puesta a la vista de todos el porqué la obra es prioritaria, de tal manera que las comunidades puedan saber de la existencia de proyectos que, aunque no los impacten de manera directa, por su nivel de urgencia debe ser realizada en ese orden.
La comunicación también es una buena estrategia de reforzamiento institucional. Supongamos que se hubiera hecho a la par del diseño del proyecto de construcción del bulevar Costero un análisis de impacto con su respectiva campaña informativa, para que los afectados por la obra puedan estar de acuerdo con las molestias que puede generar el desarrollo de la obra.

El que se fijen los tiempos y formas en que se realizarán los contratos de obra y las licitaciones, imprime confiabilidad y transparencia. Un marco normativo que dé certeza a los proyectos de desarrollo Estatal y municipal se traduce en un gobierno con objetivos concretos y observables.
La comunicación integral es una responsabilidad compartida entre el gobierno, el sector empresarial y la ciudadanía. Hay que ser sinceros: hablar con verdad del plazo de realización, los tiempos, obligaciones y costos, para no caer en el incumplimiento.

No solo se trata de crear el proyecto, es necesario que se creen mecanismos de preparación de los proyectos para dar respuesta a las necesidades del país. La mencionada estrategia de comunicación implica salas de prensa semanales para informar del plan municipal de desarrollo, cómo vamos y a dónde.
Hay errores comunes en los municipios cuando implementan proyectos de APP (Asociaciones Público Privadas); el mayor de esos errores está en el discurso. Desde el inicio se promete lo que no se puede hacer, cuando el plazo que se requiere es más que del tiempo de gestión y los recursos son insuficientes.
El político, por su parte, comete el error de creer que cuenta con un gran equipo de capaces funcionarios para aprovechar el tiempo del cual depende el cumplimiento de los objetivos de la administración. La realidad debe acompañar al discurso político, y ésta sólo puede ser proporcionado por el análisis.

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Desconocer el escenario macroeconómico, el marco jurídico, la inestabilidad institucional y la capacidad de pago son un gran problema a la hora de concretar acuerdos. De ahí la importancia de equipos de gestión capaces de formar estructuras complejas; desde los funcionarios, que puedan analizar la obra y la estrategia para su desarrollo. El mal cuidado del gasto público genera inflexibilidad innecesaria al presupuesto por atender obras que no son prioritarias para la sociedad.

El COPLADEM en cuanto al tema de APP debería encargarse de la responsabilidad normativa que garantice resultados equiparables entre al valor público y valor monetario, a través de la investigación para el desarrollo de las políticas públicas en concordancia con los planes de desarrollo nacional.

Los retos sin duda son muchos. En primer lugar hablamos del deficiente marco legal y la falta de certeza jurídica para los contratantes y los contratados; también de la vinculación del capital privado y los mecanismos y recursos que pueden aportar al mejor desempeño de la gestión pública. El segundo reto es reconocer los obstáculos a los que se enfrenta la infraestructura desde un punto de vista productivo al ponderar el margen de utilidad pública con la generación de mejores condiciones para la inversión.

Y la tercera, y a mi parecer la más importante por ser el punto de union de los dos anteriores, la determinación de las obras que otorgan mayor beneficio social. Hay que cambiar la forma de pensar la infraestructura social.

Los municipios deben vincular a los diferentes sectores productivos con los programas federales para la gestión de recursos para la financiación de proyectos que activen la economía y generen buenos empleos.

Fotografía: Sebastiaan ter Burg / cc

Por su parte, el sector privado debe estar disponible para asumir riesgos y responsabilidades, como las derivadas de los proyectos de construcción. Se necesita sque los concesionarios tengan la capacidad suficiente para enfrentar un contrato a largo plazo y para garantizar la durabilidad de la obra. Mientras que el sector público debe tener más fuerza en la gestión contractual, la suficiente para ser un factor que
fomente la transparencia y lleve a los empresarios a sentirse monitoreados en su actuar.

Las concesiones deben tener un contrato de fiscalización adherido para que con la intervención de un organismo no gubernamental independiente se asegure el cumplimiento de lo pactado, otorgando protección jurídica al sector privado al garantizar los pagos en tiempo y modo, mientras que el sector privado se obliga ante el Estado a construir con materiales de calidad y en los tiempos establecidos lo
acordado.

Esta es solo una parte de lo que pudieran hacer nuestros gobernantes. Espero sirvan de guía y concienticen a la ciudadanía.

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