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Caso San Quintín: “¿Esa es la justicia que imparte el gobierno?” cuestiona Comisión Ciudadana de Derechos Humanos

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SQ detenidos policias manifestantes (1)

Fotografía: Ricardo Meza Godoy

Mexicali, B.C.- (Con información de Periodismo Negro) Recibimos para su publicación la siguiente carta emitida por ciudadanos agrupados en la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste que se refiere a la problemática que viven en la actualidad los jornaleros agrícolas de San Quintín.

Hacemos acuse de recibida y la publicamos porque consideramos necesaria y urgente ante los visos de represión que se viven en la parte Sur de Ensenada, tras los violentos enfrentamiento que terminó la protesta social de jornaleros, quienes demandan mejores condiciones de trabajo y vida en las plantaciones que se localiza en el municipio.
CARTA ABIERTA
19 de marzo de 2015.
 
C. LIC. FRANCISCO VEGA DE LA MADRID
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE
 
Gobernador Kiko Vega, no reprima a los jornaleros agrícolas en San Quintin, no escuche las voces que así le aconsejan. Demuestre que es usted un demócrata. Al margen de vandalismos y de provocadores ajenos al movimiento indígena, la DESOBEDIENCIA CIVIL pacífica, practicada por jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín mediante el bloqueo de la carretera transpeninsular, es un derecho humano amparado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
 
Cuando una persona o grupo recurre a la desobediencia civil, es porque las vías judicial, administrativa, de diálogo y negociación ante las autoridades para la resolución de sus demandas, han sido agotadas. Si bien la desobediencia civil viola disposiciones legales (por eso es “desobediencia”), tiene su origen en violaciones a los derechos humanos, y no atentan contra el Estado de Derecho, por el contrario, lo fortalece (Jesús Lima Torrado).
 
Mayoritariamente, se ha entendido que la desobediencia civil persigue una finalidad político-moral, no sólo porque el comportamiento de los desobedientes va dirigidos al poder político, sino también porque se invoca un concepto de justicia que es fundamento del orden político (Cohen). Para John Rawls, la desobediencia civil es “…un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”.
 
Es curioso que cuando las personas y grupos recurren a la desobediencia civil, las autoridades invocan “los derechos de terceros”, cuando han sido omisos en respetar los derechos de primeros.
 
En materia de derechos humanos, para decidir una represalia física o judicial, la autoridad debe ponderar la afectación mayor a los derechos por sobre la afectación menor. Así, es más grave que un puñado de empresarios, amparados por sindicatos de protección, se enriquezca a costa del trabajo de miles de trabajadores agrícolas, que bloquear una carretera. Y es más grave que familias enteras vivan permanentemente en condiciones de pobreza y miseria, que las afectaciones temporales a la economía y a la libertad de tránsito con el bloqueo carretero. Basta recordar las acciones de resistencia civil que en el pasado desplegaron el Maquío, Francisco Barrio, Vicente Fox y otros distinguidos panistas.
 
Es evidente que el gobierno ha sido omiso en abatir los rezagos sociales y las demandas históricas de los jornaleros indígenas y sus familiares, explotados en los ranchos privados. Estas omisiones, que son el origen del conflicto actual, se constituyen entonces en violencia institucional que, obvio, nadie sanciona.
 
Los indígenas al sur de Ensenada viven y trabajan en condiciones parecidas a la época porfirista, atrapados y sin posibilidades de regresar a sus pueblos. La Convención de Palermo, de la que México es Estado Parte, califica esta práctica como trata de personas con fines de explotación laboral, y las autoridades la deben sancionar.
 
El Estado Mexicano, del cual usted forma parte, es GARANTE de todos los derechos humanos, como los derechos económicos y sociales que hoy invocan los indígenas (Artículo 1º. Constitucional). Entonces, el gobierno ha faltado a sus responsabilidades y obligaciones de ley, para los cuales han sido electos por la voluntad popular.
 
Reprimir física y judicialmente a los indígenas en sus legítimas protestas sin resolver sus demandas, da como resultado que las víctimas de violación a los derechos humanos sean tratadas como delincuentes. ¿Esa es la justicia que imparte el gobierno?
 
Sabemos que usted es una persona sensata y sensible. Hable personalmente con los dirigentes indígenas, cara a cara, de viva voz, pero no los reprima; no se refugie en instalaciones militares porque los indígenas no son una amenaza, la amenaza a la paz es la injusticia; cambie a las y los funcionarios que no han cumplido con su deber y que sólo justifican su ineficiencia. Persiga al vandalismo y a los oportunistas que generan violencias, pero no desate una “cacería de brujas” que luego pudiera traer peores consecuencias.
 
Recuerde que México está en la mira de la comunidad internacional. Nadie desea que Baja California vuelva a la palestra de los organismos intergubernamentales y no gubernamentales por violaciones graves a los derechos humanos.
 
ATENTAMENTE
COMISIÓN CIUDADANA DE DERECHOS HUMANOS DEL NOROESTE, A.C.
Raúl Ramírez Baena
Daniel Solorio Ramírez
Ma. Antonieta Robles Barja
Ricardo Rivera de la Torre
Lorena Rosas Chávez
Soraya Vázquez Pesqueira
Álvaro de Lachica y Bonilla
Luis Hernández Morales
Silvia Reséndiz Flores
Julia Cerrud Valle
Montserrat Galindo Moreno
Lea Castillo Medrano
Adriana Chávez Urias
Yacotzin Bravo Espinoza
Sara Islas
Vianka R. Santana
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